La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Concordia convocó a un encuentro en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que involucra al ex senador nacional por Entre Ríos Edgardo Kueider. El objetivo será que la defensa pueda ejercer el control jurisdiccional de la investigación penal preparatoria (IPP). Esto implica que los abogados del acusado accedan al contenido de la causa para poder llevar adelante su propio caso.
Una fuente con acceso al expediente dijo a Infobae que el encuentro podría girar en torno a la delimitación de la acusación contra el ex legislador nacional. El objetivo es "no repetir la misma en los dos lugares", es decir en el Juzgado de Garantías 2 de Concordia y en el Criminal y Correccional Federal Nº 1 de San Isidro.
Ambos mantuvieron una controversia de competencia positiva. El diferendo llegó a la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal resolvió que, por ahora, las dos investigaciones continúen en paralelo.
La audiencia se fijó para el 24 de noviembre a las 10 de la mañana. La OGA remarcó que la duración prevista del encuentro de partes con el juez de Garantías, Ives Bastián, tendrá una extensión máxima de 30 minutos.
El abogado de Kueider en este proceso, Carlos María Conti, fue quien promovió el encuentro. El martes 24, además de él y el magistrado, participarán el fiscal José Arias y las otras partes involucradas en una causa que, hasta ahora, no tiene imputados. La acusación pública ordenó algunas pocas medidas, pero en los últimos dos años la IPP tuvo escaso movimiento.
Las causas de Concordia y de San Isidro giran sobre un mismo delito: el presunto enriquecimiento ilícito de Kueider. En el centro está una publicación de El Disenso que mostró las inconsistencias entre la declaración jurada del ex senador y sus ingresos.
En el Juzgado de Garantías entrerriano el recorte es amplio. Comienza en 1999, cuando asumió su primera función pública (concejal de Concordia) y llega hasta que poco más allá del momento en que dejó su cargo provincial en 2019.
En el Juzgado Federal de San Isidro, en tanto, el segmento donde se hace zoom va desde 2015 (cuando asumió como secretario general de la Gobernación) hasta la senaduría nacional. La banca en el Congreso la obtuvo en 2019 y la conservó hasta 2025 cuando fue expulsado tras el episodio en Paraguay en el que fue detenido con USD 200.000 sin declarar.
La jueza Sandra Arroyo Salgado pidió a Bastián que cese en su investigación y le remita las actuaciones. Quería concentrar el caso en San Isidro. La magistrada tenía elementos de la causa Securitas que también involucraban a Kueider en maniobras poco claras. Sumó ambos factores y armó un nuevo caso.
Securitas es una investigación enfocada en el presunto pago de sobornos a entes y organismos públicos para la obtención de contratos de seguridad privada. Surgió tras una auditoría interna hecha por la multinacional. Una de las empresas comprometidas es la estatal eléctrica entrerriana Enersa. Allí Kueider era el representante de las acciones del Poder Ejecutivo. La sospecha es que su enriquecimiento tuvo como origen los pagos de Securitas.
La Corte, siguiendo el criterio del dictamen del Procurador Nacional Eduardo Casal, resolvió que era prematuro correr al Juzgado de Concordia. Y avaló que ambas prosigan en paralelo. Por ahora.
En rigor, el único expediente que se movió desde 2024 a la fecha ha sido el que lleva Arroyo Salgado.
En cuestión de meses, la magistrada realizó una serie de allanamientos para dejar al descubierto toda la estructura de empresas fantasmas y redes de negocios de Kueider. Además, solicitó su extradición al Paraguay. El país vecino dio luz verde. Pero el ex senador deberá antes terminar de rendir cuentas en la Justicia de Asunción.
Además, la jueza de San Isidro cerró el círculo de la investigación sobre la banda del exlegislador. Supuestos testaferros, abogados y contadores involucrados en la maniobra fueron enviados a juicio.
Cuando ya se había sorteado un juzgado y faltaba poner fecha para las audiencias, los recambios en la Justicia Federal jugaron su mano. Los nuevos integrantes se declararon incompetentes y remitieron las actuaciones del juicio a Comodoro Py. La Cámara de Casación Penal deberá sortear un nuevo Tribunal de Capital Federal, pero aún no dio este paso.
La Justicia del país vecino avanzó con más decisión sobre Kueider. Tras su detención durante la madrugada del 4 de diciembre de 2024, el exsenador ya fue condenado a dos años de prisión en suspenso por tentativa de contrabando. Además, el Estado paraguayo decomisó los USD 200.000 que llevaba y la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaba.
En paralelo, le abrió una investigación por lavado de activos. En la mira está la operación de compra de departamentos en la capital guaraní. La Fiscalía paraguaya sospecha que se adquirieron con dinero proveniente de ilícitos cometidos en Argentina.
